La segunda revolución

La insurrección del 10 de agosto de 1792 no detuvo, por supuesto, el avance prusiano sobre la capital. Mientras los entusiastas contingentes de voluntarios partían hacia el frente, el miedo a los complots contrarrevolucionarios se apoderó de la capital. Periodistas como Jean-Paul Marat señalaron las prisiones repletas de vagabundos y criminales, así como de clérigos y monárquicos refractarios, y se preguntaron qué ocurriría si los traidores forzaban las cárceles y liberaban a estas hordas de fanáticos y bandidos. En respuesta, los parisinos se tomaron la justicia por su mano con una orgía de linchamientos masivos.

Por iniciativa propia, los ciudadanos entraron en las cárceles, crearon «tribunales populares» para celebrar juicios superficiales y ejecutaron sumariamente a entre 1.100 y 1.400 presos de un total de 2.800, apuñalándolos y matándolos a hachazos con cualquier instrumento a su alcance. Estas masacres en las cárceles no fueron un arrebato momentáneo, sino que se prolongaron durante cuatro días. En ese momento, ninguna autoridad se atrevió a intentar detener la matanza. Los funcionarios del gobierno provisional y de la Comuna de París «corrieron un tupido velo» sobre este espantoso acontecimiento mientras seguía su curso, aunque pronto los rivales políticos se acusaron mutuamente de instigar las masacres. En otro orden de cosas, Robespierre, entre otros, llegó a la conclusión de que las demandas populares de venganza y terror debían canalizarse en formas legales; para evitar esa anarquía, el propio Estado debía convertirse en el instrumento ordenado de la voluntad punitiva del pueblo.

Las dos semanas siguientes pusieron fin a este periodo de extrema incertidumbre. El 20 de septiembre, el ejército francés hizo retroceder a los invasores en la batalla de Valmy, y en noviembre, en la batalla de Jemappes, se hizo con el control de los Países Bajos austriacos (actual Bélgica). El 21 de septiembre se reúne la Convención Nacional, poniendo fin al vacío de autoridad que había seguido a la insurrección del 10 de agosto. Su primera tarea importante fue decidir el destino del ex rey. El juicio de la Convención a Luis se convirtió en una experiencia educativa para el pueblo francés en la que la institución de la monarquía iba a ser completamente desacralizada.

Las duras pruebas de la traición de Luis produjeron un veredicto de culpabilidad unánime, pero la cuestión del castigo dividió fuertemente a los diputados. En un minucioso y solemne debate cada diputado emitió su voto individualmente y lo explicó. Al final, la Convención votó la pena de muerte por 387 votos a favor y 334 en contra. Una moción de indulto fue derrotada (380 a 310), y otra para someter el veredicto a un referéndum nacional fue rechazada (425 a 286). Esta propuesta poco meditada dejó la impresión de que algunos diputados estaban desesperados por salvar la vida del rey, y sus oponentes jacobinos se apresuraron a lanzar vagas acusaciones de traición contra ellos. En cualquier caso, el antiguo rey Luis XVI, ahora conocido simplemente como «Ciudadano Capeto», fue ejecutado el 21 de enero de 1793, en un acto de inmensa importancia simbólica. Para los diputados de la Convención Nacional, ahora regicidas, no había vuelta atrás. Las leyes de deportación del clero refractario, de prohibición de los emigrados para siempre bajo pena de muerte y de confiscación de sus bienes completaron el programa de la Convención para eliminar a los enemigos más decididos de la Revolución.