Política y legislación

En El Salvador, la política nacional de juventud y los derechos de los ciudadanos jóvenes están establecidos en la Política Nacional de Juventud (2011-2024), el Plan de Acción de Juventud (2011-2024) y la Ley General de Juventud de 2013. La Política Nacional de Juventud plantea los objetivos de corto, mediano y largo plazo del gobierno y define seis áreas prioritarias de intervención: (1) Educación: Acceso, calidad y construcción del futuro capital humano; (2) Empleo, desarrollo productivo y emprendimiento; (3) Salud, prácticas de riesgo y promoción de estilos de vida saludables; (4) Cultura, entretenimiento y deporte; (5) Prevención de la violencia, seguridad ciudadana y cultura pacífica; y (6) Participación juvenil y ciudadanía. El Plan de Acción para la Juventud ofrece programas estratégicos a corto plazo que responden a las seis áreas prioritarias definidas y detalla el presupuesto correspondiente. La Ley General de la Juventud define los «derechos fundamentales de los jóvenes», y destaca su «participación política, social, cultural y económica en términos de equidad y solidaridad.»

Salud

Las principales causas de mortalidad entre los jóvenes de El Salvador son externas, entre ellas los homicidios, los accidentes de tránsito y los suicidios. Los jóvenes de ambos sexos son las principales víctimas de la violencia: En 2009, la tasa de homicidios entre los jóvenes de 16 a 17 años fue de 153 por cada 100.000 habitantes. Además, la violencia sexual constituye un factor importante en la elevada tasa de embarazos en adolescentes. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, la mayoría de los jóvenes se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a información y servicios sanitarios adecuados. El escaso acceso a los servicios básicos y su calidad, agravados por los estereotipos y las actitudes culturales, hacen que los jóvenes salvadoreños sean más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual, al VIH y a la explotación sexual. Del total de casos de VIH/SIDA en el país, el 41% se registró en jóvenes de 15 a 19 años. En 2011, la tasa de fecundidad adolescente fue de 77,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, lo que convierte a El Salvador en uno de los países con mayor tasa de fecundidad juvenil del mundo.

Educación

En la última década, El Salvador logró mejoras sustanciales en términos de indicadores educativos. En 2013, la tasa neta de matriculación en las escuelas primarias fue del 91%, la tasa neta de matriculación secundaria fue del 62% y la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años fue del 97% en 2013. Sin embargo, el país se enfrenta a tres grandes retos en materia de educación: En primer lugar, la mala calidad de la educación, que se traduce en altas tasas de abandono y deja a un número creciente de jóvenes sin conocimientos y habilidades básicas. En El Salvador, los jóvenes suelen completar solo seis grados de nueve. En segundo lugar, persiste la falta de equidad en el acceso a una educación de calidad para los jóvenes de entornos desfavorecidos, como los pobres urbanos y rurales, las minorías, los jóvenes de padres sin estudios y las niñas indígenas. En tercer lugar, un gran número de jóvenes, que abandonan el sistema educativo por actividades económicas, están cada vez más expuestos a las bandas juveniles, la delincuencia y la pobreza. La movilidad social a través de los logros educativos es limitada, lo que refuerza una situación endémica de desigualdad social en El Salvador. Según el Banco Mundial, El Salvador destinó el 15,9% de su gasto público y el 3,41% de su PIB a la provisión de educación en 2011.

Empleo

En El Salvador, los jóvenes de entre 15 y 24 años representan el 30% del total de la población activa (2010). Tanto la tasa de desempleo juvenil (12%) como la tasa de subempleo juvenil (50%) son significativamente superiores a la media nacional. Estas cifras, más el creciente fenómeno de los jóvenes salvadoreños que no estudian ni trabajan (24,8%), señalan el principal reto de los jóvenes para acceder a un trabajo productivo y decente: En primer lugar, los bajos niveles de educación y formación profesional provocan un desajuste entre las competencias de los jóvenes graduados y las demandadas en los mercados laborales. En segundo lugar, el lento crecimiento y la baja productividad de la economía salvadoreña provocan un déficit estructural de oportunidades de empleo decente para los jóvenes. Las altas tasas de desempleo juvenil constituyen el principal factor de empuje para la migración laboral, el trabajo informal y el reclutamiento de jóvenes para las pandillas juveniles violentas o para la participación lucrativa en el tráfico ilegal de drogas.

Migración

En El Salvador, la pobreza y la falta de acceso a una educación de calidad y a oportunidades de trabajo decente son los principales factores de empuje para la emigración juvenil dentro del país y a través de las fronteras internacionales – Estados Unidos representa el principal país de destino. Las altas tasas de migración tienen un impacto significativo en los jóvenes que abandonan El Salvador, así como en los que se quedan atrás. Los primeros se enfrentan a una mayor exposición a la discriminación y la marginación en la sociedad de acogida; debido a su estatus legal, los jóvenes migrantes tienen un acceso limitado a los servicios sociales, como la atención sanitaria y la seguridad social. Aquellos jóvenes cuyos padres han emigrado en busca de oportunidades económicas carecen de protección parental y corren un alto riesgo de involucrarse en pandillas juveniles, actividades delictivas o abuso de sustancias.

Violencia juvenil, delincuencia e inseguridad

El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con 61 por cada 100.000 habitantes en 2011. En este contexto, los jóvenes son los más expuestos a la violencia, ya sea como autores o víctimas. Más del 50% de las víctimas de homicidio tienen entre 15 y 29 años; la mayoría son hombres jóvenes de zonas urbanas pobres, sin embargo, las tasas de homicidio de mujeres jóvenes aumentaron de forma alarmante en los últimos años. Hay una serie de factores de riesgo que contribuyen a los altos niveles de violencia y delincuencia juvenil en El Salvador, entre los que se encuentran las altas tasas de pobreza, la desigualdad, el subempleo y el abandono escolar, las estructuras familiares disfuncionales, el fácil acceso a las armas, el alcohol y las drogas ilegales, la urbanización caótica y, por último, las estructuras locales de pandillas y el crimen organizado (especialmente el tráfico de drogas). Se estima que entre 20.000 y 35.000 jóvenes salvadoreños pertenecen a las pandillas juveniles, las llamadas «maras», cuyos miembros tienen una edad media de 20 años, siendo la edad media de entrada de 15 años. La exclusión social es uno de los principales factores para unirse a una pandilla, que representa una fuente alternativa de estabilidad, identidad y sustento. Como parte del enfoque oficial de «mano dura», el gobierno aprobó en 2003 una ley «antimaras», que penaliza la pertenencia a las «maras» y disminuye la edad penal legal a 12 años. Sin embargo, el aumento de los índices de violencia juvenil y de inseguridad ciudadana apunta a la ineficacia de las políticas actuales a la hora de abordar las raíces estructurales del problema. Las intervenciones exitosas deben combinar estrategias de prevención integradas, globales e intersectoriales con los enfoques de control existentes, y abordar el tema de la violencia juvenil a nivel nacional y municipal.

Participación Juvenil

En El Salvador, una fuerte cultura y práctica de la violencia impide a los jóvenes participar en el desarrollo socioeconómico y político del país. En el contexto de la violencia juvenil dominante y las altas tasas de homicidio, los jóvenes salvadoreños se enfrentan a una exclusión estructural de la esfera pública. Su potencial contribución positiva a la sociedad se considera a menudo irrelevante. Además, la tendencia del gobierno a combatir la violencia juvenil a través de medidas represivas induce altos niveles de desconfianza y resignación entre los jóvenes hacia la autoridad y las instituciones del gobierno.

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