Una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada se vio obligada a dar a luz después de que las autoridades argentinas le negaran el aborto al que tenía derecho.
Las autoridades ignoraron las reiteradas peticiones de aborto de la niña, llamada «Lucía» para proteger su identidad, así como de su madre y de varias activistas argentinas por los derechos de las mujeres. Tras 23 semanas de embarazo, el martes tuvo que someterse a una intervención similar a una cesárea. Es poco probable que el bebé sobreviva.
La medida ha sido descrita como la «peor de las crueldades para este niño» y se ha achacado a una estrategia antiabortista en el país para obligar a las niñas a llevar sus embarazos a término.
Lucía le dijo al psicólogo del hospital en el que fue ingresada tras dos intentos de suicidio: «Quiero que me saquen lo que el viejo me metió».
Lucía, la menor de tres hermanas, quedó embarazada tras ser abusada por la pareja de su abuela, de 65 años. Quedó bajo el cuidado de su abuela en 2015, después de que sus dos hermanas mayores fueran presuntamente maltratadas por la pareja de su madre.
Lucía descubrió que estaba embarazada el 23 de enero en un centro de primeros auxilios de su ciudad natal, en el norte de la provincia de Tucumán. Una semana después, la niña fue ingresada en el hospital Eva Perón, en las afueras de la capital provincial de Tucumán. Aquejada de lesiones autoinfligidas como consecuencia de aparentes intentos de suicidio, fue ingresada en un centro estatal.
Aunque el aborto sigue siendo ilegal en Argentina, una ley de 1921 permite practicarlo en casos de violación o cuando la vida de la mujer corre peligro. Un médico declaró ante el tribunal que Lucía se enfrentaba a un «alto riesgo obstétrico» si se permitía que su embarazo continuara.
Gustavo Vigliocco, secretario de Salud de Tucumán, insistió en que la niña no quería abortar, una afirmación negada por los activistas que tuvieron acceso a los procedimientos judiciales. «Estoy cerca tanto de la niña como de su madre. La niña quiere continuar su embarazo. Estamos considerando los riesgos, pero ella tiene una contextura grande, pesa más de 50 kilos», dijo Vigliocco en una entrevista radiofónica.
Tras retrasar la actuación hasta las 23 semanas de embarazo de Lucía, las autoridades sanitarias decidieron el martes practicar una cesárea. La decisión siguió a una orden judicial de actuar inmediatamente, dada la duración del embarazo.
Cecilia Ousset, la doctora que realizó el procedimiento junto a su marido y compañero médico, Jorge Gijena, dijo: «Salvamos la vida de una niña de 11 años que fue torturada durante un mes por el sistema de salud provincial».
Acusó al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, de utilizar a la niña con fines políticos.
«Por razones electorales impidieron la interrupción legal del embarazo y obligaron a la pequeña a dar a luz», dijo. «Me temblaron las piernas cuando la vi, fue como ver a mi hija menor. La niña no entendía del todo lo que iba a pasar»
Ousset dijo que Lucía se encontraba en buen estado tras la intervención, pero que no esperaba que el bebé sobreviviera.
Las activistas de los derechos de la mujer en Argentina se mostraron indignadas por el caso.
La escritora Claudia Piñeiro tuiteó el miércoles: «Hay quienes torturaron a una niña de 11 años víctima de violación en Tucumán. Es peligroso que tengan tanto poder y que no hayamos podido impedirlo».
Mariana Carbajal, la periodista y activista feminista que originalmente dio a conocer la historia de Lucía en el diario progresista Página/12, tuiteó: «Tucumán la trató como un receptáculo, como una incubadora».
Soledad Deza, de la Asociación Mujeres por Mujeres, dijo que el caso de Lucía no era de objeción de conciencia de los médicos. «Lamentablemente, lo que tenemos aquí es una acción conservadora proveniente del Poder Ejecutivo», dijo Deza a Página/12. «El aborto es una opción legal en caso de abuso o riesgo de vida. El Estado tiene que garantizar el procedimiento. Aquí hubo la peor de las crueldades con este niño».
Los activistas antiabortistas dijeron que el caso ilustra su lema: «Salvemos las dos vidas», un grito de guerra que ha reunido un fuerte apoyo entre los activistas antiabortistas.
«Ese ser humano indefenso e inocente es el que los abortistas lograron sacar del vientre de su madre en Tucumán, con 24 semanas y prematuro. Ahora yace con las trompas adheridas y en riesgo de morir cuando podrían haber dejado pasar 20 días más para garantizar las dos vidas. Qué hijos de puta!», tuiteó Mariano Obarrio, periodista del principal diario argentino La Nación, un periódico que se ha declarado en contra del aborto legal en Argentina.
El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, grabó el miércoles un mensaje en el que revelaba el verdadero nombre de Lucía y llamaba a los cristianos a «defender toda vida humana».
El lema «salvar las dos vidas» se repitió en un comunicado oficial del gobierno de Tucumán el martes, después de que el tribunal dictaminara que la decisión correspondía a las autoridades sanitarias. El gobierno ordenó a la directora del hospital, Elizabeth Ávila, que «continúe con los procedimientos necesarios para intentar salvar ambas vidas».
Un intento de legalizar el aborto perdió por un estrecho margen el pasado mes de agosto
, cuando el Senado argentino votó a favor de dejar en vigor la antigua ley que penaliza a las mujeres que se someten a un aborto con hasta cuatro años de prisión.
La ley no ha frenado los abortos. Ha puesto en riesgo la vida de las mujeres más pobres que no tienen acceso a buenos médicos dispuestos a realizar los procedimientos clandestinos. En Argentina se practica una media de un aborto cada 90 segundos, y se calcula que cada año se realizan hasta 450.000 abortos ilegales inseguros.
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